En el anterior artículo “ONU: de anhelo internacional a decepción global”, demostré el fracaso de la ONU en sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS); en su método de decisiones centralizadas (top-down) y en su inacción vinculada al poder de veto de pocos países, incluidos regímenes autoritarios como China y Rusia. En adición a ello, cómo su falta de representatividad y la membresía de dictaduras como Venezuela o teocracias fundamentalistas como Irán, conocido financiador y promotor del terrorismo yihadista, perpetúan intereses autocráticos y corruptos. Expertos como Erik Voeten y Ken Jowitt han señalado la ineficacia e ilegitimidad de la ONU más sus profundas deficiencias estructurales, y como destaca John Mearsheimer, convirtiéndose en instrumento para los intereses de los actores más influyentes legitimando agendas terroristas bajo la apariencia de derechos humanos.
Además de su incapacidad para resolver o prevenir conflictos armados, la ONU ha enfrentado importantes críticas de corrupción por sobornos y desvíos de miles de millones de dólares, como el escándalo del programa Petróleo por Alimentos, en Irak (1996-2003); múltiples y documentadas denuncias de explotación y abuso sexual por los cascos azules desde el 2004; más diferentes acusaciones que pesan tanto sobre la Oficina de Servicios para Proyectos (UNOPS), como sobre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), UNICEF y ACNUR por malversación de fondos, contratos irregulares y favoritismos en adjudicaciones de proyectos. También se han señalado desvíos de ayuda humanitaria en zonas de crisis como Siria, Yemen y África occidental más la influencia de grandes corporaciones para la promoción de la Agenda 2030. Estas críticas reflejan problemas sistémicos como burocracia excesiva, falta de estándares en auditoría, transparencia y rendición de cuentas.
Y ahora también se conoce su protección a organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá, algunos de cuyos miembros son incluso empleados directos de la ONU, específicamente en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), encargada de brindar asistencia humanitaria en la región.
Informes públicos y documentos desclasificados revelaron que la UNRWA y UNIFIL no sólo brindan protección a las mencionadas organizaciones terroristas, sino que varios empleados de la UNRWA participaron activamente en los crímenes perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, involucrándose en los secuestros de israelíes, transporte de municiones y ataques terroristas contra comunidades israelíes. Por ejemplo, se informó que Fateh al-Sharif, líder de Hamás en Líbano, ocupaba un puesto destacado en la UNRWA.
Recientemente se han conocido casos donde instalaciones de la ONU fueron utilizadas para almacenar armas o lanzar ataques, y alojar a los rehenes israelíes, todo lo cual deslegitima y desprestigia esta organización supranacional por su, al menos, incapacidad para mantener la neutralidad y seguridad en sus operaciones.
Ante dichas flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario y del leitmotiv de la propia ONU, en lugar de realizar cambios radicales, su tibia respuesta se agotó en el mero despido de los empleados implicados en actividades terroristas. Nunca implementando estrictas medidas de control y supervisión para garantizar que los recursos materiales y humanos no sean utilizados para promover agendas terroristas. Así, contrariando el propósito humanitario y pacificador que fundamenta su existencia, algunos países han reconsiderado, cuando no suspendido el financiamiento a la UNRWA.
Con todo ello, y siguiendo a Michael Walzer para quien la neutralidad no puede ser absoluta, la inacción de la ONU frente al uso de sus instalaciones por parte de grupos terroristas y siendo algunos de sus miembros empleados de la ONU, es sencillamente complicidad.
Este tipo de fraude humanitario por parte de la ONU, revela lo que Edward Luttwak describe como fallos estructurales en organismos internacionales demasiado burocráticos para adaptarse a las complejidades del conflicto moderno. Sumado a esta falla estructural, como destaca Samuel Huntington, la ONU adoptó una agenda política específica intensificando las fracturas entre ideologías extremistas y estados de derecho. Sesgo que se manifiesta también en la normalización y legitimación de la insurgencia, al proporcionar, por ejemplo, servicios esenciales en zonas controladas por grupos terroristas fortaleciéndolos entre las comunidades locales.
Y aquí, algunos autores han señalado la necesidad de reformar estas instituciones supranacionales dotándolas de mayor transparencia, eficiencia, neutralidad y responsabilidad. Otros, debido a la incapacidad, burocracia excesiva y corrupción, consideran su disolución y reemplazo por específicos organismos alternativos. Por ejemplo, ampliando La Unión Africana, la OEA y la ASEAN asumiendo mayores responsabilidades en sus respectivas regiones, actuando como mediadores y promotores del desarrollo; o bien constituyendo consorcios de países con intereses compartidos como el medio ambiente o los derechos humanos, formando alianzas más específicas y eficientes reasignando recursos a nivel nacional o regional.
Ahora bien, podría argumentarse que la ausencia de la ONU u otra organización del mismo tenor llevaría a un desorden internacional, exacerbando conflictos y debilitando la cooperación en temas como la proliferación nuclear, impactando además negativamente en naciones en desarrollo que dependen de sus programas de asistencia. Todo ello, agravando las desigualdades globales y debilitando el respeto por el derecho internacional, perjudicando la estabilidad mundial. Pero esto bien podría resolverse más transparente y directamente con marcos de cooperación de organizaciones locales o regionales como las mencionadas u otras nuevas, más ágiles y adaptadas a las necesidades del siglo XXI.
Más, un nuevo organismo de seguridad internacional podría estar compuesto por representantes de regiones clave del mundo, eliminando el veto individual de potencias y fomentando decisiones colectivas. Esto permitiría mantener la cooperación en temas como la proliferación nuclear, asegurando la participación de las principales potencias, pero garantizando un equilibrio. Para mitigar el impacto en las naciones en desarrollo, podría crearse un fondo sanitario y educativo financiado por contribuciones multilaterales y gestionado por entidades independientes y transparentes.
El derecho internacional podría mantenerse mediante la consolidación de tratados bilaterales y multilaterales entre los Estados. La creación de mecanismos independientes de supervisión garantizaría el cumplimiento de estas normas, asegurando que temas como los derechos humanos, medio ambiente y la seguridad global sigan siendo prioritarios.
Es decir, en lugar de una única organización centralizada, podría desarrollarse una red descentralizada de entidades especializadas, cada una con un enfoque específico, trabajando de manera independiente pero coordinada, evitando la burocracia excesiva. Incluso el sector privado, fundaciones filantrópicas y ONG’s podrían desempeñar un rol más importante en el financiamiento y ejecución de proyectos globales. Estas alianzas reducirían la dependencia exclusiva de los Estados y fomentarían soluciones innovadoras.
La pregunta que queda por responder es si la humanidad está dispuesta a mantener una ineficiente, corrupta y no representativa ONU; querrá reformarla o si, por el contrario, optará por un cambio de paradigma que marque su fin. Lo cierto es que la ONU, ya despojada de toda legitimidad, no puede seguir refugiándose en su historia para justificar sus graves fracasos por negligencia o complicidad. Porque la ONU, tal como existe hoy, es parte del problema, no de la solución.
En última instancia, cualquier desenlace debe priorizar la cooperación global y la protección de los valores universales, evitando que los vacíos institucionales sean aprovechados por actores que promuevan agendas contrarias al bienestar común. Como señaló Hannah Arendt, el poder auténtico surge del consenso colectivo y la ONU perdió dicho consenso y su legitimidad, debiendo servir como advertencia y guía para los futuros mecanismos de gobernanza global.