Hay discusiones que se evitan no por carecer de evidencia, sino porque su sola formulación expone tabúes discursivos. Una de ellas atraviesa el conflicto palestino-israelí desde hace 60 años sin ser abordada con honestidad intelectual. Se trata de una cultura política palestina institucionalizada que, desde su liderazgo y normatividad, convierte el terrorismo en dignidad nacional, honor moral y derecho social.
Esto no es un juicio ideológico ni una generalización cultural. Es un diagnóstico normativo verificable, sustentado en políticas públicas concretas, sistemas de incentivos económicos y declaraciones oficiales persistentes. La Ley del Preso y Detenido de la Autoridad Palestina (2014), los informes de Palestinian Media Watch (2014–2025) y la Taylor Force Act estadounidense (2018), documentan un fenómeno que no puede seguir siendo relativizado sin incurrir en ceguera ética deliberada.
La reciente crisis por la reforma impulsada por Mahmoud Abbas al sistema de pagos a presos y familias de quienes la Autoridad Palestina denomina “mártires” revela esta matriz moral. Desde 1967, el Fondo de los Mártires otorgó estipendios crecientes proporcionalmente a la gravedad del atentado, duración de la condena o muerte del terrorista. Así, el crimen fue sistemática y sostenidamente convertido en mérito, y el terrorismo en capital económico y moral.
Informes del U.S. State Dept. y del Parlamento Europeo estimaron que este esquema representó en 2024 unos 350 millones de dólares, cerca del 7% del presupuesto de la Autoridad Palestina. Esto no describe una anomalía administrativa, sino una pedagogía institucional del crimen donde el terrorismo se traduce en reconocimiento público, derecho y recompensa social.
Bajo presión de Estados Unidos y la Unión Europea, la Autoridad Palestina anunció el pasado 18/12 que dichos pagos serían canalizados mediante la institución Tamkeen y redefinidos como asistencia social basada exclusivamente en necesidades económicas, así confirmado por WAFA, Reuters y AP News. Administrativamente, el cambio parecía razonable. Moralmente, fue percibido como una amenaza.
Las protestas que estallaron entre el 18/12 y el 22/12 en ciudades como Tulkarem y Nablus no reclamaron mayores recursos ni denunciaron pobreza estructural. Rechazaron la despolitización moral del terrorismo. Como expresó una manifestante, “rechazamos la decisión de tratar a los presos como casos de asistencia social… ellos perdieron sus vidas por la patria… los presos son la esencia de nuestra causa nacional” (Jerusalem Post, 25/12/2025).
El propio liderazgo palestino reforzó este mensaje. Raed Abu al-Hummus, presidente de la comisión de presos vinculada a la Autoridad Palestina, afirmó que la reforma “perjudica la lucha palestina”, según informaron WAFA (20/12/2025) y Palestine Chronicle (21/12/2025). En la misma línea, Tawfik Tirawi, ex jefe del Servicio General de Inteligencia y figura histórica de Fatah, declaró que “transferir este asunto nacional a un organismo que lo trata como asistencia social es un peligroso insulto a nuestra dignidad nacional y una flagrante distorsión de los sacrificios de quienes lucharon por la libertad y los derechos de nuestro pueblo” (Al Jazeera Arabic, 22/12/2025).
El mensaje es inequívoco, cuando el terrorismo deja de ser exaltado, la identidad política se siente amenazada, porque la noción de dignidad nacional ha sido históricamente edificada sobre la legitimación del crimen.
Esta lógica no es marginal. Se inscribe en una pedagogía transmitida por materiales educativos documentados por organizaciones como Impact-se, Palestinian Media Watch (2014-2025) y UN Watch (2023–2025), donde se glorifica el terrorismo y su recompensa mediante incentivos económicos. De hecho, la UNESCO fue denunciada por ignorarlo, y ciertos organismos multilaterales por no hacer cumplir el derecho internacional cuya norma elemental no admite excepciones para el terrorismo (CG IV, art. 33; Res. ONU 1566). Ninguna causa convierte en virtud crímenes atroces y violaciones deliberadas contra civiles.
La historia contemporánea ofrece paralelos elocuentes. La Alemania de posguerra comprendió que no habría reconstrucción posible sin deslegitimar absolutamente el asesinato ideológico, acompañada de una reforma educativa durante la desnazificación (1945–1949). Ruanda, tras el genocidio de 1994, entendió que la violencia había sido aprendida y que sin desmontar esa pedagogía del odio no habría futuro, tal como reflejaron los tribunales Gacaca. En los Balcanes, en cambio, la insuficiente revisión ética permitió que la glorificación del “héroe étnico” impida durante décadas solidificar la paz, como documentó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
La manifestación más inquietante y transnacional de esta lógica se observa en el islamismo como ideología sociopolítica y cultural, distinto del islam como religión. Organizaciones como Al-Qaeda, ISIS y Hamas, entre otras, desarrollaron culturas del mal llamado “martirio” que no son del sacrificio, sino del terrorismo legitimado, donde el homicida es celebrado, su acto estetizado y su familia recompensada. Así lo demuestran la Carta Fundacional de Hamas (1988/2017) y los análisis de propaganda yihadista por la Brookings Institution (2015-2024).
Lo raramente señalado es que sectores del liderazgo palestino, aun sin adscribir formalmente al islamismo, reproducen esa arquitectura moral. Esto no implica estigmatizar la sociedad palestina porque criticar una cultura política no es condenar a una población, del mismo modo que analizar la pedagogía nazi no es demonizar a los alemanes. Las sociedades no son esencias morales, sino construcciones históricas responsables de los valores que transmiten, donde el lenguaje institucional no describe la realidad, la crea normativamente enseñando qué merece honor, qué valores transmitir y qué debe imitarse.
Para quienes invocan responsabilidades israelíes, la respuesta es clara. La ética no opera por equivalencias ni balances ideológicos, sino por la gravedad intrínseca de los actos, su intencionalidad moral y el daño deliberado a inocentes. Estos criterios permiten distinguir el terrorismo como práctica normativamente perversa, de eventuales excesos en la legítima defensa de un Estado de derecho. La incapacidad de criticar ambas manteniendo esa diferencia y sin relativizar el terrorismo delata el empobrecimiento moral de cierta cultura occidental.
Este análisis permite comprender la creciente reticencia de países europeos y de Estados Unidos a aceptar inmigración proveniente de regiones donde los discursos institucionales no deslegitiman internamente el terrorismo. Posterior al 7/10/2023, la UE endureció controles fronterizos y políticas de asilo, resultando en históricas bajas de otorgamiento de visas, menos del 25% de las solicitudes (EUAA, 2025); EE.UU. impuso restricciones amplias a visas para titulares de pasaportes palestinos desde agosto 2025 por riesgos terroristas (US State Dept.); Alemania endureció su política de asilo en mayo 2025, incrementando chequeos de seguridad y límites migratorios (DW, 12/05/2025); Francia, Países Bajos y Austria aplicaron controles más estrictos, aumentando los rechazos de asilo de alto riesgo para prevenir radicalizaciones (EUAA, 2025). Algunas democracias occidentales están aprendiendo, a un alto costo, que culturas políticas que normalizan la violencia, particularmente el terrorismo, no se transforman automáticamente al cruzar una frontera.
La paz es una arquitectura moral más que territorial. Allí donde el terrorismo es normativamente premiado, el crimen investido de honor, la muerte y violación del otro sacralizadas como redención, no hay pacificación ni convivencia posible. La deslegitimación normativa del terrorismo no es un gesto retórico ni una exigencia moral abstracta, sino una condición previa e ineludible para cualquier política pública, educativa o diplomática orientada a la paz. Ningún proceso de paz puede edificarse sobre una ética que ennoblece el terror, y ninguna democracia se erige sobre una sociedad cuyas bases educativas degradan la dignidad humana.
El problema palestino no es territorial, sino cultural, moral y retórico. Liderazgos disfuncionales, complicidades externas ideologizadas y una condena abstracta de la violencia evitando analizar causas y asumir soluciones. Mientras continúe la radicalización de la sociedad palestina, y la comunidad internacional siga jerarquizando las violencias según su propia conveniencia, el terrorismo no será un accidente del conflicto, sino su legado más persistente, forzando reiteradamente la legítima defensa de los Estados de derecho agredidos.