En los últimos años, se ha dado una tendencia
mundial a desviar recursos públicos originalmente destinados a sectores
esenciales como salud, seguridad, educación, nutrición infantil e
infraestructura, hacia campañas y programas relacionados con la ideología de
género. Esta tendencia ha generado críticos debates sobre las prioridades en
asignación de recursos, especialmente en contextos donde los servicios
esenciales requieren mayor atención e inversión.
Sólo por citar algunos ejemplos en Europa,
según el informe del Observatoire des Inégalités (2019), a partir de 2017,
Francia destinó unos 10 millones de euros a la creación de talleres educativos en
ideología de género para adolescentes, mientras se redujo el presupuesto para
modernización de infraestructura escolar y apoyo a estudiantes con dificultades
académicas. Dominique Reynié demuestra el agravamiento de las tensiones en
áreas rurales y suburbanas por falta de docentes y deterioro de instalaciones, mientras
aquellas campañas de género son percibidas como prioridades forzadas por el
Estado.
El Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale (2020) demostró que, entre 2017 y 2020, Italia destinó más de 15
millones de euros a campañas sobre diversidad sexual, mientras redujo un 5% los
presupuestos para mantenimiento escolar y contratación de personal sanitario en
zonas rurales. El Istituto Nazionale di Statistica indicó que mientras aquellas
campañas recibían incrementos presupuestarios, los programas sociales para
combatir la pobreza enfrentaban recortes, precisamente en una Italia con altos niveles
de desempleo juvenil y pobreza infantil.
Según el informe del Centro de Investigaciones
Sociológicas (2018), comunidades autónomas como Cataluña y Madrid, desde el
2015, han redirigido una parte de sus presupuestos a programas LGTBI recortando
significativamente partidas previamente asignadas a la sanidad pública. La
Fundación Civismo (2019) señaló la redirección de recursos significativos hacia
campañas de ideología de género en las escuelas públicas reduciendo las
inversiones en programas sociales para combatir la pobreza infantil y mejorar
el acceso a la educación en zonas desfavorecidas. Juan Ramón Rallo en 2019
señaló que mientras se destinaban cerca de 6 millones de euros a programas de
ideología de género, los hospitales públicos enfrentaban déficit de recursos
esenciales, aumentando listas de espera para cirugías y deteriorando la calidad
del servicio. La Ley de Educación conocida como LOMLOE (2020), incluyó
curricularmente las diversidades sexuales y géneros pero desatendiendo programas
para lidiar con el impacto de la pobreza y desempleo en la educación,
especialmente tras la crisis económica por la pandemia COVID-19.
El Swedish National Audit Office (2020),
muestra que Suecia entre 2015 y 2019 destinó más de 800 millones de coronas a
programas de diversidad sexual, reduciendo un 3% los presupuestos en salud
pública en comunidades rurales, para inmigrantes, asistencia social y educación
en barrios marginales. Tino Sanandaji criticando esta redistribución de fondos,
argumentó que incluso en un país con altos niveles de bienestar, dicho desvío
de recursos para financiar campañas ideológicas es contraproducente, ya que
Suecia, según Sofi Johansson, enfrenta problemas de segregación social y
desempleo en sus áreas más desfavorecidas. Similar situación puede describirse
en Noruega.
En América del Norte, en California, el
Departamento de Educación asignó millones de dólares para implementar en 2020
programas de diversidad sexual y género en las escuelas públicas, mientras que
The Heritage Foundation (2021) demostró que los fondos dedicados a la mejora de
infraestructura educativa y formación docente se congelaban, provocando déficit
de profesores y deterioro de instalaciones. De 2018 a 2020, mientras los
presupuestos educativos para la enseñanza de matemáticas y ciencias
experimentaban una reducción del 7%, los asignados a programas para ideología
de género aumentaban un 12% en ciertos distritos, desequilibrando las
prioridades educativas de los Estados incluso más progresistas.
En América del Sur, según el Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (2019), entre 2014 y 2018, se destinó 45
millones de reales a programas educativos y sociales para diversidad sexual,
mientras el presupuesto de seguridad pública se redujo el 5%. El Instituto
Liberal de São Paulo (2016) indicó que mientras los fondos para aquellos
programas aumentaban, las tasas de analfabetismo en las zonas rurales y favelas
continuaban altas por falta de inversión en infraestructura y recursos
educativos.
En Chile, el Centro de Estudios Públicos (2021)
indicó que, entre 2016 y 2020, el presupuesto para programas de diversidad
sexual en la educación aumentó un 15%, mientras que el destinado a mejorar
instalaciones escolares y capacitación docente se redujo un 10%. Andrés
Hernando ha señalado la precarización de la calidad educativa afectando a los
alumnos más vulnerables como consecuencia de esta redistribución presupuestaria
que no responde a necesidades básicas.
El informe de México Evalúa (2021) indicó que
entre 2019 y 2021, el gobierno federal destinó más de 500 millones de pesos a
campañas de género y diversidad sexual, mientras que los fondos para programas
contra la pobreza extrema y seguridad en zonas de alta criminalidad, como Oxaca
y Chiapas, disminuyeron respectivamente 8% y 6%. El Presupuesto de Egresos de
la Federación (2021) mostró un incremento significativo en los recursos para
diversidad sexual, mientras que aquellos para mejorar la infraestructura escolar
en áreas rurales y marginadas fueron reducidos en términos reales.
En Argentina, durante la última década se ha
invertido ingentes recursos en la implementación de políticas de diversidad
sexual, incluida la creación entre 2019-2022, de un Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad, cuyo presupuesto en el 2022 fue de más de 43 mil millones
de pesos. Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (2021), los
recursos destinados a la educación en áreas rurales y para combatir la pobreza
se vieron reducidos, mientras que el presupuesto para programas relacionados
con la ideología de género aumentó significativamente. Hasta el 2023, el
presupuesto destinado a programas relacionados con la diversidad sexual en
Argentina ha mostrado un llamativo crecimiento, particularmente en las
políticas LGTBI. En el Presupuesto Nacional 2023, el 14,65% del total,
equivalente a 4,24 billones de pesos, fue asignado a políticas con este
enfoque. Este incremento fue notable, ya que representó un aumento del 106%
respecto al 2022. También se financiaron en 2023, tratamientos relacionados con
hormonización de personas trans bajo el programa “Acciones para la Identidad de
Género”, con un presupuesto de 33 mil millones de pesos. En contraste, sectores
de salud, educación, seguridad, infraestructura, asistencia social, sistema de
pensiones y jubilaciones más áreas que luchan contra la pobreza extrema han
enfrentado significativas limitaciones presupuestarias.
Similares consideraciones podrían realizarse
respecto de Colombia, Perú, Ecuador, Bangaldesh y Polonia, entre otros países.
Esa distorsión e inversión de las prioridades, por cuestiones ideológicas, que
invisibilizan las urgencias reales que deben abordarse, se manifiesta también
en el Informe de la OEA sobre Libertad Religiosa y de Creencia (2023). Allí, la
Comisión Interamericana de DDHH menciona 33 veces el tema de la identidad de
género frente a sólo 2 veces el concepto de pobreza, cuando Latinoamérica cuenta
con un 29% de personas bajo la línea de la pobreza y un 11,2% debajo de la
línea de pobreza extrema.
Conclusión, la reasignación problemática de
fondos públicos para campañas de diversidad sexual y género, desatendiendo
servicios esenciales como salud, educación, seguridad, infraestructura, agua
potable, cloacas, o lucha contra la pobreza, se debe claramente a una agenda
ideológica. Resulta evidente que su implementación, en el mejor de los casos,
sin un análisis adecuado de las necesidades más urgentes de la sociedad, o a
pesar y con indiferencia de ello en el peor de los casos, resulta en un
neocolonialismo moral. Por ello es crucial que los gobiernos encuentren un
balance en la asignación de recursos que permita promover la diversidad e
inclusión, pero sin perjuicio de los servicios esenciales, evitando perjudicar los
sectores más vulnerables con agendas políticas que, aunque eventualmente
legítimas, no deben desplazar las necesidades más básicas de la población.